¿Se puede cancelar nuestra memoria histórica en la web?

Nueva etapa del comité consultor de Google para el derecho al olvido, en Roma. Lo ha seguido en exclusiva para vosotros Familyandmedia.

Madrid, Roma, París, Varsovia, Londres y Bruselas. Estas son las ciudades del tour europeo del Comité Consultivo instituido recientemente por Google para afrontar el delicado tema del derecho al olvido. «Estamos aquí para escuchar», ha comenzado Eric Schmidt, presidente del Consejo de Administración de Google y moderador de la jornada de trabajo abierta el pasado 10 de septiembre en Roma y que Familyandmedia ha cubierto en exclusiva para sus lectores.

Pero demos un pequeño paso hacia atrás. El pasado 13 de mayo, la Corte Europea de Justicia, tras un recurso de un ciudadano español, estableció que los motores de búsqueda -y por tanto en primer lugar Google, ya que en Europa el 90% de las búsquedas en Internet pasa por aquí- son responsables del trato de los datos personales que aparecen en la web, por tanto no son solo «recolectores neutros».

Con esa sentencia, se abre la posibilidad de pedir la eliminación de los resultados del motor de búsqueda de cualquier tipo de información de crónica o de vida privada, documentada con textos o imágenes, si se considera que aquella noticia supone un daño para la persona. Es el llamado derecho al olvido. Para Google & company se trata de una nueva y delicada inconveniencia, válida -atención- solo para Europa y no para el resto del mundo; ya que la sentencia se ha pronunciado por la Corte de Justicia de la UE y no ha tenido, por el momento, un respaldo de otros tribunales internacionales.

Vista la cuestión espinosa y la falta de una legislación en materia a la que hacer referencia, Google para no tropezar en la oscuridad de la incertidumbre, ha decidido poner en pie un Consejo Asesor, una comisión encargada de estudiar una solución. Además del CEO de Google, Eric Schmidt, y a su mano derecha para las cuestiones legales, David Drummond, forman parte también muchos expertos de fama internacional, entre los cuales recordamos, solo por dar algunos nombres, el fundador de Wikipedia Jimmy Wales; Frank La Rue, invitado especial de las Naciones Unidas para la tutela del derecho a la libertad de opinón y Sabine Leutheusser – Schnarrenberger, ex ministro de justicia alemán. A estos se añaden periodistas de fama internacional y profesores universitarios reconocidos.

La cuestión para resolver no es sencilla y plantea toda una serie de interrogantes: ¿Es mejor proteger el derecho a la tutela de la persona sobre sus datos personales o el derecho a la información?, ¿la libertad personal o la de prensa y expresión? No parece simple conciliar derechos fundamentales del hombre aparentemente en contraste. Y, pasando después a interrogantes más prácticos, ¿a quién le corresponde la decisión de eliminar una posible indexación en motores de búsqueda relacionados con un evento o una persona: al mismo motor de búsqueda, a un juez, a una «autoridad» especial o agencia?, ¿en base a qué criterios?

El primer paso de Google, además del de instituir esta Comisión especial para encontrar una solución definitiva en el tiempo, ha sido la de activar un módulo on line para poder abordar la previsile petición -por parte de los usuarios europeos- de eliminar los links de la indexación del motor de búsqueda. Y de hecho, en las primeras semana han llegado más de 100 mil instancias de todo tipo. Y el número está destinado a crecer. Google ha eliminado más o menos la mitad, aplicando como parámetro una valoración genérica basada en el interés público de la noticia o de las informaciones contenidas en el link indicado por los usuarios.

Más allá de la mesa redonda, y de todas las consideraciones particulares y opiniones de los expertos que en ella han intervenido, conviene reconocer que Google se ha movido deprisa y está demostrando una transparencia comunicativa y una voluntad determinada y precisa de encontrar una solución. Se ha puesto en discusión, no se ha cerrado en sí misma, escondiéndose detrás de silencios fáciles bajo la premisa de tener razón o perdiéndose en polémicas y acusaciones estériles. No ha gritado, apelando el «derecho sagrado» de la libertad de expresión, sino que ha hecho una serie de mesas redondas e iniciativas para el debate público para encontrar -no solo al interno de la empresa sino también fuera- una solución que encuentre el mayor consenso social.

En el debate en cuestión, realizado en Roma, se han visto de nuevo dos actitudes culturales de fondo que inspiran las dos líneas de respuesta legales, aún en trámite, a ambos lados del Atlántico: uno que garantiza más los derechos de la persona -y es también más paternalista, el europeo- y otro más liberal, más amigo de la liberad de expresión… y de comercio. Hemos dado cuenta de ello en un artículo precedente en nuestro portal: http://www.familyandmedia.eu/es/argumentos/facultades/273-esiste-una-habeas-data-un-diritto-dei-cittadini-a-controllare-i-propri-dati-che-circolano-in-rete-le-proposte-legali-europee-e-americane attualmente-in-studio.html

Un último hecho hay que tener en cuenta para comprender el cuadro. Antes de finales de noviembre, l’Article 29 Working Party (el organismo que recoge los Garantes europeos) debería publicar las líneas guías que las Autoridades nacionales serán llamadas a seguir para gestionar los recursos sobre el derecho al olvido.

Cierto, con este «tour europeo» Google mueve ficha con inteligencia y viendo a largo plazo. De este forma, además de encontrar una solución compartida y de disminuir al mínimo y sin grandes esfuerzos los costes y contrastes con la opinión pública, stakeholders, inversores, clientes, medios de comunicación y la sociedad en general, se garantiza un escudo formidable ante futuros ataques -por parte de los tribunales u otros actores- comprometiendo a todos desde el principio en una subdivisión de responsabilidad, que al mismo tiempo atenúa las culpas y hace pequeños los deméritos de la multinacional americana. Y también es verdad que el problema no lo podían enfrentar solos, pues sus implicaciones políticas, culturales, sociales y éticas necesitan de un acuerdo, o por lo menos una mediación entre todos los actores en juego. El recorrido aún es largo y complicado, y exige el compromiso de todos para evitar que la web sea un “Far West” digital.